miércoles, 27 de julio de 2016

AFP, Utilidades y el Retiro

En medio de un ambiente hostil contra las AFP, el presidente de la asociación de AFPs declaró que las pensiones subirían sólo $6.000 si las utilidades de las AFP bajaran a cero. El número sorprende por lo bajo, pero porque viene con un poco de chanfle. Eso supone que tendríamos sólo se repartirían las utilidades de este año. Sin embargo, cabe que sucede si se repartieran las utilidades año a año.

Una forma de responder esto es hacer el siguiente ejercicio: supongamos que cada año las AFP devolverían las utilidades para que fueran distribuidas, pero entre las personas que tienen 63 años y que están a 2 años de jubilar. Esto equivale a cuantificar cuánto sería el efecto de que cada año se repartieran las utilidades de la AFP. Veremos que es bastante dinero, sin embargo, igualmente vemos que hay un tope en cuánto se podrá mejorar la pensión. 

Usando los datos de los boletines de la super de pensiones, podemos tomar las ganancias del año 2015 y la repartirla entre todos los nuevos retirados del 2015. Ese ejercicio implica una entrega de $4.321.117 pesos a cada nuevo retirado. Pero, ¿cuánto se incrementarían las nuevas pensiones? Si utilizamos el simulador de la Superintendencia podemos ver que si ese dinero se coloca a los 63 años para retirarse a los 65 años, el dinero redistribuido equivale a una pensión de $22.972 mensuales para una mujer y $26.961 para un hombre. Efectivamente, eso es como 4 veces lo indicado por el presidente de las AFP, sin embargo, es una cifra que está lejos de otorgar un retiro digno y acercarnos a los niveles deseados. Asimismo, sería un supuesto más realista suponer que se pueden reducir a la mitad las ganancias de las AFP; en tal caso, el aumento en las jubilaciones sería la mitad. Todo eso está resumido en el gráfico que siguiente.

Aunque el impacto no sea tan grande, aquello no implica que no debiese haber un foco en reducir las ganancias. Mal que mal para un adulto mayor $12.000 mensuales equivalen a una cuenta de servicios básicos. Para ese objetivo se puede aumentar la competencia (una iniciativa positiva fue la licitación de usuarios nacida a partir de la Comisión Marcel), pero quizás también se debiera evaluar incluir un impuesto a las utilidades de las AFPs. Un impuesto a sus ganancias posiblemente no causaría mayores distorsiones (ninguna AFP dejará de recibir cotizantes y resulta poco creíble que aumenten las comisiones). No obstante, si el objetivo es mejorar de forma importante las pensiones, es un gran contrasentido terminar con el ahorro obligatorio y su administración. Más bien, lo que habría que enfocarse es cómo aumentar el ahorro, mejorar la administración y fortalecer el pilar solidario.

PS: Para los interesados el cálculo está en google docs 




jueves, 14 de julio de 2016

Un pequeño pedazo de historia...



Revisando diferentes cosas, encontré algo de la historia de la Ley de Educación Primaria Obligatoria de 1920. Resulta interesante revisitar la historia de la ley dado el actual debate educacional:

"Para constatar el avance "cultural" del país, se le consultó a la población si sabía leer, mientras el 51,6% de la población declaró saber leer, el 48,4% permanecía analfabeta y respecto de los niños entre 5 y 15 años, el análisis de las cifras mostraron que solo el 17% de ellos asistía a clases.
(…)

Revertir esta tendencia, fue el objetivo de la "Ley de Educación Primaria Obligatoria", que entró en vigencia el 26 de agosto de 1920 y por ello estableció en su artículo primero que: todos los niños chilenos entre los 6 y 16 años, que estudiaran en escuelas administradas por el Estado y las municipalidades del país, estaban obligados a cursar cuatro años de enseñanza básica.
(…)


La promulgación de una "Ley de Instrucción Primaria Obligatoria", había tardó veinte años en ver la luz, veinte años desde que el senador radical, Pedro Bannen, presentó el 18 de junio de 1900, su proyecto que contenía la obligatoriedad de la asistencia de los escolares a la escuela, pero la posición contraria de los sectores conservadores, hizo que se rechazaran éste y otros varios proyectos de ley. Estos sectores, concentraron sus críticas principalmente en el excesivo poder que tendría el Estado central, en la orientación de la educación de los niños, en que no se limitara la libertad de las familias de elegir la educación de sus hijos e incorporar (o mantener) la presencia de la enseñanza católica, en todas las escuelas públicas. Por su parte, liberales y radicales defendieron la no injerencia de la Iglesia en la educación pública y laica, la centralización de la política educacional, pero no cerrando, la oferta privada de educación."